Mientras una parte del chavismo pide disolver la Asamblea por vía jurídica, la mayoría opositora en el Parlamento quiere destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero ¿qué dice la Constitución venezolana de ambos procesos?
Mientras una parte del chavismo pide la disolución de la Asamblea Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la derecha en el parlamento plantea la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, pero ¿quién disuelve a quién?
El abogado constitucionalista e integrante de la Comisión por la verdad y la justicia, Hermánn Escarrá, considera que ambas acciones sólo perjudican la convocatoria al diálogo hecha por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, « y crean tensiones donde no las hay con ideas fuera de la lógica constitucional y democrática ».
« Quienes plantean eso, lo que hacen es darle al secretario general de la OEA, (Luis) Almagro, elementos para que se diga que en Venezuela hay una ruptura del orden democrático y contradice el espíritu del discurso de la canciller (Delcy Rodríguez) en defensa de la institucionalidad del país », agrega Escarrá en declaraciones a RT.
De acuerdo a la Constitución, ningún poder puede destituir a otro. « La única transformación o modificación que se puede hacer es a través del poder Constituyente originario del pueblo, así se llama, eso hay que subrayarlo: originario, no el derivado », explica.
El pasado martes, una fracción minoritaria del chavismo dio una rueda de prensa encabezada por Didalco Bolívar, para anunciar la introducción de un recurso ante el TSJ que evalúe la destitución de la Asamblea Nacional por usurpación de funciones y traición a la Patria, una acción de la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), principal fuerza del gobierno, se desmarcó.
Después de esa acción, el presidente del parlamento -ahora controlado por mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, dijo que desde la Asamblea plantearían la destitución de los magistrados del TSJ.
Escarrá calificó de « destempladas » las palabras de Ramos Allup porque « él sabe, porque no creo que no lo sepa, que para destituir a un magistrado se tiene que demostrar que hay una falta grave y mientras el Poder Ciudadano no declare que la hay, no hay ninguna posibilidad de iniciar ese proceso ».
« Al presidente de la Asamblea hay que llamarlo a la sindéresis, al equilibrio, a que se den las batallas democráticas, plurales, como tienen que darse: en el escenario de las ideas, pero con una gran seriedad », apunta Escarrá.
Aunque considera que las dos declaraciones fueron desatadas « por impericia y liviandad de la palabra », Escarrá sostiene que « perturban la propia política de Estado que está llevando el gobierno » como los diálogos con la oposición respaldados por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Consejo Permanente de la OEA.
El abogado, quien participó en el proceso Constituyente de 1999, advierte que estas acciones torpedean el esfuerzo de avanzar « en el diálogo plural que debe existir en el país para atender los intereses y fines de Venezuela », y pueden impedir puentes de comunicación con « sectores de la oposición muy serios y responsables, que saben que el país está por encima de cualquier controversia y que debe buscarse una agenda nacional para restablecer la paz y la concordia ».
Ramos Allup, principal vocero de la derecha, se ha negado a atender los múltiples llamados al diálogo realizados personalmente por el Presidente Maduro.
La polémica desatada tras el recurso interpuesto por Didalco Bolívar y las declaraciones de Ramos Allup se robaron el centimetraje de los periódicos de este martes en el país, mientras transcurre el proceso de validación de firmas por parte de la oposición para intentar activar el referendo revocatorio presidencial.
El chavismo, por su parte, ha denunciado que la recolección de rúbricas está plagado de irregularidades como la aparición de personas fallecidas como firmantes. Sin embargo, el mayor escollo para la derecha es el reloj en contra.
Al respecto, Escarrá reitera que los lapsos para la realización de referendo no alcanzan para que la consulta se active este año: « si el presidente de la asamblea hubiera planteado el revocatorio en los primeros días de enero, efectivamente para el mes de noviembre estaríamos en un revocatorio, pero ellos lo propusieron tres meses después. La sumatoria de los tiempos no da ».
« Entonces, ¿cómo se hace ahora? ¿Saltándose los reglamentos, saltando resoluciones? No. Esto se trata de un revocatorio presidencial y se tienen que cumplir todos los lapsos y todas las condiciones constitucionales y legales, respetando siempre la soberanía popular », agrega.
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