Apostolis confía en poder enviar a la Troika al basurero de la historia, «y dejar claro que Grecia no se vende».

La decisión no ha caído nada bien ni en las filas de la oposición parlamentaria, ni tampoco entre los dirigentes europeos. Los primeros consideran que cuestiones tan trascendentes no deben ser resueltas por la voluntad popular, el exprimer ministro Antonis Samarás ha llegado a calificarla como «golpe de Estado»; para los segundos, la convocatoria significa la ruptura de Grecia con la eurozona.

Para llegar hasta aquí han hecho falta cinco meses de intensas negociaciones en donde las posiciones inflexibles de la antigua Troika, integrada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI-), han hecho imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo.

La trampa de la negociación

El Gobierno griego se ha enfrentado durante todo este tiempo a chantajes y ultimátums para que aceptara unas políticas de austeridad que había prometido enterrar, y que no ha dejado de denunciar como fallidas y perjudiciales. Fue el propio FMI quien reconoció meses atrás su «notable fracaso» en la gestión del primer memorando griego, al «establecer expectativas económicas demasiado optimistas y subestimar los efectos de las medidas de ajuste impuestas al país». Reza Moghadam, exnegociador del FMI, admitió proyecciones erróneas sobre el crecimiento, la inflación, las medidas fiscales y la cohesión social. Lanzando al país al abismo de una recesión que contrajo el PIB en más de un 25%, elevó el índice de desempleo hasta el 27% y dejó a un tercio de la población por debajo del umbral de la pobreza.

Pese al compromiso de poner fin a estas brutales políticas, Atenas acabó aceptando el pasado 22 de junio algunos recortes encubiertos en las pensiones (como el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social), la modificación del IVA en ciertos productos, así como el incremento hasta el 1% del superávit presupuestario primario. A cambio de este esfuerzo el Ejecutivo griego demandaba a la Unión Europea (UE) la materialización de un plan de inversiones que reactivara la economía productiva, y una negociación en la que se abordara la reestructuración de la deuda.

En esos términos, la propuesta fue rechazada de manera rotunda por los acreedores. Y no solo porque sistemáticamente se hayan negado a permitir ninguna medida de alivio de la deuda griega, sino sobre todo porque el peso del ajuste tiene que recaer forzosamente sobre las rentas medias y bajas, descargando de impuestos a la élite económica. Sirva como ejemplo la oposición al aumento del gravamen de los beneficios empresariales o la negativa a poner un impuesto del 30% al monopolio de la lotería y los juegos de azar (privatizado), proponiendo a cambio una subida de 10 puntos en el IVA (hasta el 23%) de todos los alimentos, incluidos algunos fundamentales para una buena parte de la población como son el pan y las pastas.

Golpe de mano europeo

Es evidente que la forma en que se han conducido las negociaciones hasta el final solo ha respondido al deseo del núcleo dirigente de la UE de evitar a cualquier precio cualquier acuerdo que pudiera ser presentado, siquiera mínimamente, como una victoria para Grecia. Atajar el mal ejemplo y amenazar constantemente con la expulsión del país de la eurozona ha acabado por convertirse en el castigo para quien únicamente ha apelado a la responsabilidad y la solidaridad europea.

De ahí, las pesarosas afirmaciones del primer ministro, Alexis Tsipras, al anunciar el sábado de madrugada la convoca- toria del referéndum, asegurando que durante los últimos cinco meses «el Gobierno ha librado una batalla en condiciones de asfixia económica sin precedentes […] por un acuerdo sostenible que respetara la democracia, así como la normativa europea, y que diera lugar a una salida definitiva de la crisis», pero la respuesta de los acreedores «apuntó a la democracia y al pueblo griego [con] un ultimátum que contraviene los principios y valores fundadores del proyecto común europeo».

Además, el jefe de Gobierno dejó bien claro que la propuesta de las instituciones es inaceptable pues incluye medidas «que violan directamente el acervo social europeo y los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y la dignidad, demuestran que ciertos socios y miembros de las instituciones no están interesados en llegar a un acuerdo viable y beneficioso para todas las partes, sino en la humillación del pueblo griego».

Referéndum y ciudadanos

La convocatoria plebiscitaria, valiente y democráticamente inobjetable, es considerada sin embargo por la Directora del FMI, Christine Lagarde, como «legalmente irrelevante». No está mal que quienes se han burlado durante años de las leyes y los principio democráticos arremetan en esta hora contra la posibilidad de que los griegos se expresen con libertad sobre una cuestión muy concreta.

Pero ¿cómo asumen los propios ciudadanos la responsabilidad de una decisión mediante un mecanismo al que no están para nada acostumbrados? En Atenas, la perspectiva interesada de los medios ha alimentado durante las últimas horas un clima de incertidumbre. Vasiliki, de 56 años, trabaja en el aeropuerto de Atenas y muestra su preocupación ante la falta de información entre los votantes de cara a una convocatoria tan crucial. Sabe lo que significa la opción del «Sí», pero duda sobre adónde conduciría una victoria del «No». Su hija Eleni ya tiene claro su voto afirmativo, «no porque quiera la austeridad –explica a GARA–, sino por continuar en la eurozona».

Rania, una trabajadora del sector turístico en la isla de Skopelos, señala que la mayoría de las personas de su entorno prefieren poner fin a la pesadilla de los memorandos, aceptando los riesgos del «No» pues «los griegos nos hemos visto en situaciones peores, por lo que saldremos adelante pase lo que pase».

Desde la pequeña ciudad de Kavala, al norte del país, Apostolis confía en poder enviar a la Troika al basurero de la historia, «y dejar claro que Grecia no se vende».

Fuente : Naiz