Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) se mantienen en el nivel más alto desde el verano del pasado año. La ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de los ciudadanos fue cobrada en mayo por 65.657 residentes en Euskadi, según datos oficiales de Lanbide. Esa cifra supera en 151 a la de registrada en abril, tras encadenar cuatro meses al alza. En lo que va de ejercicio ha aumentado en 939 personas.
El ascenso ha coincidido con un periodo de intensa creación de empleo, aunque precario y con bajos salarios en la mayoría de los casos. Así, el paro se ha reducido en mayo en 4.548 personas en el País Vasco y en casi 13.500 en un año. Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social se han elevado en 5.928 y 17.305, respectivamente, en esos periodos. Pese a ello, esa mejora en el mercado laboral no ha sido acompañada de una caída en los perceptores de la RGI.
Responsables del Gobierno vasco y expertos en la materia explican esa aparente contradicción por el hecho de que algunos colectivos han visto cronificada su situación al borde de la exclusión social o de pobreza. A ello ha contribuido, entre otros factores, el incremento de los parados que han agotado el tiempo máximo en el que pueden cobrar las prestaciones por desempleo y carecen de otras fuentes alternativas de ingresos.
Los 65.657 beneficiarios de la RGI representan el número más alto desde julio del pasado ejercicio (entonces sumaban 65.824). La cifra sube, aunque de forma moderada, desde febrero, tras abrir el año con una ligera caída.
La mayoría, españoles
Dos de cada tres perceptores de la ayuda social son de nacionalidad española. La mayoría son mujeres (36.912). Entre los 23.854 extranjeros, los más numerosos son los procedentes de América del Sur (8.595), seguidos de los países del M;agreb (6.466) y el África subsahariana (4.728). La mayor proporción de inmigrantes se da en Álava -representan casi la mitad del total, 4.976 de las 10.057 personas que reciben la RGI-, con la peculiaridad, además, de que entre ellos sobresalen los magrebíes.
La ley que regula esta prestación, la más avanzada de cuantas están en vigor en toda España, asegura unos ingresos mínimos -entre 619 y 950 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar- para los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra -por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía-, el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta ayuda es compatible con la prestación complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos. Uno de cada cuatro beneficiarios -16.009- son jubilados que cobran un complemento a su pensión de la Seguridad Social.
El Gobierno Vasco ha estimado un gasto de 461 millones de euros para atender este año la RGI y la prestación complementaria de vivienda. Esas partidas deberán aumentar en la cuantía que sea necesaria para atender la demanda de esas ayudas.
Fuente : Diario Vasco
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