El Primer Derrape (Pérdida de los Brotes Verdes) tuvo lugar en la primavera de 2010 y duró hasta el invierno de 2011. Cantabria había seguido estrechamente la senda de España tanto en la primera caída en recesión como en el rebote inmediato que produjo un pequeño PIB español positivo (brote verde, pero no cántabro). Gobernaban entonces el PSOE en España y PRC-PSOE con mayoría absoluta en Cantabria. Es decir, este fenómeno de regresión económica resultó en buena medida del impacto en nuestra región de las medidas de recorte emprendidas por el Gobierno Zapatero en 2010 y de los recortes paralelos acometidos por el Gobierno regionalista-socialista en la comunidad. Este episodio reveló una clara hipersensibilidad de la economía cántabra a bruscas reducciones de gasto público.
El Segundo Derrape (Recaída en el Pozo) se produjo en el invierno de 2012 y primavera de 2013. Gobernaban entonces tanto España como Cantabria ejecutivos del PP con mayoría absoluta. Ambos implementaron programas importantes de ajuste conteniendo gastos y subiendo impuestos, de acuerdo con el memorándum pactado con Bruselas a cambio de las ayudas al sector financiero. Esta combinación fue de nuevo más perjudicial para Cantabria que para el conjunto del país. La economía cántabra tardaría casi dos años en volver a evolucionar al mismo ritmo anual que la española. El año 2013 se convirtió así en un Annus Horribilis regional. Se observa que, en virtud de este Segundo Derrape, mientras España vive su crisis como una uve doble, Cantabria lo experimenta como una uve triple: hemos tocado fondo tres veces, no dos.
El Tercer Derrape (Viaje al Furgón de Cola) se ha producido a partir de la primavera de 2015. Durante este tiempo ha gobernado en España el PP con mayoría absoluta, aunque principalmente en funciones por las sucesivas convocatorias electorales, y en Cantabria una coalición PRC-PSOE avalada por Podemos. El gráfico muestra ostensiblemente la súbita pérdida de ritmo de recuperación en Cantabria en comparación con España. Los ajustes presupuestarios del nuevo gobierno de la comunidad autónoma, el final del ciclo de inversiones estatales, y un entorno de mercado menos favorable parecen ser los fenómenos responsables.
La mayor parte del ajuste actual consiste en anular inversiones productivas públicas y denegar ayudas a las privadas (salvo cuando la privada es electoralmente sensible). Esto quiere decir que el gasto corriente y los compromisos electoralistas devoran los recursos de la autonomía de Cantabria sin que esta pueda convertirse en una herramienta realmente importante para el desarrollo. Esto afectará previsiblemente a la legitimación socioeconómica de la autonomía, pues un autogobierno convertido en mero gestor administrativo podría llegar a ser visto como un lujo prescindible.
Tres austericidios merkelianos en un sexenio (compartidos a izquierda y derecha) parecen mortificación más que suficiente para una sociedad tan pequeña. Se supone que este debería ser el punto número uno de la agenda cántabra, merecedor de un amplio consenso. Aunque solo fuese por egoísmo de los propios políticos: cada elección autonómica tras la crisis (2011, 2015) ha sido la respuesta enfadada del ciudadano de Cantabria a un derrape económico que afectó a su nivel de vida y a sus expectativas; si continúa la actual divergencia, habrá tercera edición del castigo y nadie resultará inmune.
De momento, las principales entidades de estudios económicos prevén que sigamos en la cola. Los próximos dos trimestres de PIB regional nos darán una indicación más precisa sobre la magnitud de la dificultad. Y aunque usted pertenezca a las 200.000 personas que son o pensionistas o funcionarios o perceptores de alguna ayuda vital, no imagine que esto no es asunto suyo. Sin recuperación económica más intensa, no se podrán mantener ni las pensiones ni los salarios públicos ni las ayudas actuales. Y mientras se mantengan, será a costa de que la autonomía de Cantabria parezca poco más que un florero muy caro. Determinar un umbral anual de inversiones (de las administraciones y las empresas) y defenderlo como necesidad diferencial es tarea tanto más urgente cuanto que no se habla de ella ni en el Parlamento ni en la calle ni, sorprendentemente, entre los agentes sociales o entre los expertos universitarios. Habrá que decir en catalán aquello de ‘Ascolta, Cantabria!’.
Fuente : El diario de montanes
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