Cantábria : colapso económico

La Cámara de Comercio de Cantabria ha cumplido 130 años sumida en una situación límite. No tiene liquidez, hace tres meses que no paga los sueldos a sus 22 trabajadores y, lo que es más importante, está en medio de una tormenta perfecta propiciada por el agotamiento de sus reservas propiciado por el fin de la cuota cameral anulada por un decreto del Gobierno Zapatero en 2010, una Ley de Cámaras de 2014 que no arregló la situación y un Gobierno en funciones que hace muy díficil esperar una solución externa a sus problemas. ¿La interna? De momento poner a la venta su histórica sede en la Plaza Porticada, 2.550 metros cuadrados en seis plantas actualmente infrautilizadas y por la que, si hay suerte, espera lograr una cantidad cercana a los 4 millones de euros.

La situación de la Cámara de Torrelavega, la segunda de la región, es similar a la de Cantabria pero no tan acuciante. Su presidente, Antonio Fernández Rincón, reconoce las dificultades y recuerda que llevan ya tiempo con un ERE para sus cinco trabajadores, «pero somos más pequeños, tenemos menos gastos y disponemos de un ‘colchón’ producto de los ahorros de años anteriores», matiza.

Fernandez Rincón es más crítico con su situación legal. «Estamos en un limbo, no se nos da una encomienda pública y hay una gran falta de sensibilidad hacia las Cámaras desde la administración regional».

La reclamación del presidente de la Cámara de Torrelavega es clara: «Necesitamos la ley regional de Cámaras que nos facilite un espacio y una cobertura legal para desarrollarnos, establezca si es posible una mejora de la financiación para los servicios públicos que podemos dar y nos otorgue un rango de interlocución. El actual Gobierno nos ha dejado al margen de todo; a veces parece que olvida que en la Cámara de Torrelavega están todas las empresas y comercios de la comarca».

Modesto Piñeiro, el presidente de la entidad cántabra y vicepresidente de la Cámara de España, matiza que están abiertos también a otras variantes que no sea la venta directa. «Podemos alquilarla al completo o una parte o venderla y quedarnos en ella de alquiler. Las opciones son variadas, pero la decisión de utilizar la sede como palanca para conseguir ingresos que nos permitan mantener la actividad está formalmente tomada». En caso de llegar una oferta en firme, la operación debe ser aprobada por el pleno de la entidad y, en ultima instancia, por el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Industria, que es el departamento que tutela la Cámara de Comercio.

De las seis plantas del histórico edificio de la esquina de la Plaza Porticada, de entre 223 a 461 metros cuadrados cada una, se utilizan en este momento tres más el salón de actos de modo ocasional. «Nos sobra con la mitad del espacio para dar todos los servicios, por lo que no habría problema en trasladarnos a otra ubicación», calcula Piñeiro.

El presidente reconoce el grave momento económico de la Cámara, que en los últimos años ha tenido que proceder también a un notable ajuste de personal (en octubre de 2010 eran 46 trabajadores y ahora son 22) y suspender algunos de sus servicios, entre ellos sus demandados estudios de coyuntura económica. «Solo damos lo que se puede cobrar. No podemos trabajar gratis», resume de modo gráfico.

¿La razón de esta situación? «No es un problema exclusivamente nuestro, es general a todas las cámaras y en algunas incluso mayor», sostiene Piñeiro. «La ley de Cámaras de 2014, que tantas expectativas creó y que estaba llamada a ser el instrumento para la consolidación y relanzamiento, se quedó a medio camino; nos siguió considerando corporaciones de derecho público colaboradoras de la administración pero nos hurtó la financiación –el recurso cameral que se cobraba a las empresas (una cuota anual de entre 0 y 100 euros al año para un 82% de las compañías de la región– que hacía posible nuestro funcionamiento».

Fuente : El diario montanes